El Gobierno de Canarias pone en riesgo los Fondos Europeos con los que se financian los complejos ambientales.
Sólo 170 ganaderos caprino de los 4.000 que hay en las islas cuentan con seguros que permiten enviar los animales a la planta Aragón.
El Partido Popular denuncia que la Declaración de Zonas Remotas del Archipiélago ha sido una improvisación por parte del Gobierno de Canarias ya que ninguna de las islas cuenta con complejos ambientales adaptados a esta normativa Europea.
A raíz del mal de las vacas locas, El Parlamento Europeo y el Consejo establecieron normas sanitarias comunitarias relativas a los Subproductos de Origen Animal No Destinados a Consumo Humano (SANDACH) con el objetivo de preservar la seguridad de la cadena alimentaria humana y de los animales.
Este reglamento vino a determinar la imposibilidad de seguir enterrando en los vertederos a los animales muertos en las explotaciones ganaderas. Sin embargo, estas obligaciones continuaron siendo de difícil cumplimiento en los territorios insulares y ultraperiféricos de la UE, como es el caso de Canarias.
En este sentido el reglamento establece que los SANDACH procedentes de zonas remotas podrán ser eliminados mediante incineración, enterramiento in-situ, u otros medios, bajo supervisión oficial, que prevengan riesgos para la salud pública y la salud animal.
El BOC del pasado martes 6 de marzo de 2012 publicaba la resolución por la que el Gobierno de Canarias declaraba a las islas Zona Remota. Dicha eliminación podrá llevarse a cabo mediante su enterramiento en los Complejos Ambientales Insulares, siempre que cumplan la normativa.
Sin embargo, en el caso de Canarias, ninguna de estas instalaciones cumple con la normativa. El Hierro, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma y La Gomera no cuentan con la Autorización Ambiental Integrada, necesaria para enterrar animales.
Se da el caso de que el único del Archipiélago que cumple con este requisito es el de Arico en Tenerife pero, por el contrario, no tienen autorización para enterrar animales de ninguna especie, salvo los de compañía.
En el caso de Fuerteventura, el Cabildo cuenta con una pequeña Planta Incineradora, no recepcionada, insuficiente para lo que se genera en la isla y ocurre que ni la incineradora, ni el complejo ambiental tienen Autorización Ambiental Integrada necesaria por la legislación SANDACH.
Anteriormente, una empresa se encargaba de transportar estos animales hasta Aragón para su posterior incineración. Los ganaderos se veían obligados a contratar un seguro que, con la declaración del archipiélago como Zona Remota, muchos dieron de baja. De hecho, hoy en Canarias sólo 170 ganaderos cuentan con este seguro de los 4 mil existentes sólo en el sector caprino mientras que el sector vacuno, prácticamente el 100% cuentan con esta cobertura.
“El Gobierno de Canarias se ha limitado a enviar a los Cabildos una carta para que estos puedan acogerse a la normativa, sin tener en cuenta las características y el espacio de los complejos ambientales que hay en el Archipiélago”
“Sin estas infraestructuras adaptadas a la norma y 3.800 ganaderos sin seguro, el grupo popular se pregunta dónde se están incinerando o enterrando estos animales, ya que, hacerlo en los complejos ambientales vulnera la normativa y pone en riesgo los Fondos de Cohesión Social con los que se financian estas instalaciones”.
El Partido Popular, a través de la diputada Águeda Montelongo, cree que la consejería “anunció la declaración de Canarias como Zona Remota sin hablar con los Cabildos y los seguros, improvisando, y sin un compromiso serio de ayudar a los ganaderos a sobrellevar los sobrecostes que supone vivir en una zona alejada de los complejos ambientales que sí cumplen con la normativa”.
Nota de prensa Grupo Popular en el Parlamento de Canarias
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