Educación contraria a la imposición ministerial sobre tasas universitarias

En la reunión de la Comisión Delegada de la Conferencia de Política Universitaria celebrada el día 14 de mayo en Madrid, se trataron dos temas de singular importancia y transcendencia para el futuro de las universidades canarias. 

1.- El primero se refiere a las becas del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes para el próximo curso. El real decreto que las regula, viene a establecer, para el curso académico 2012-2013, los parámetros económicos de las becas y ayudas al estudio así como los umbrales de patrimonio y renta familiar por encima de los cuales desaparece el derecho a su obtención. Además, el Gobierno entiende que la política de becas, además de asegurar la igualdad de oportunidades de todos aquellos que teniendo vocación y aptitudes para el estudio carecen de los medios económicos necesarios para emprenderlos o continuarlos, debe ser un instrumento de estímulo a la mejora del rendimiento académico de los estudiantes, especialmente de los estudiantes de los niveles superiores del sistema educativo. 

De esta manera, mantiene el marco económico de convocatorias anteriores. No sucede igual con las exigencias académicas que sufren un aumento muy significativo. 

En efecto, para las becas destinadas a compensar la ausencia de ingresos que comporta la dedicación al estudio, los beneficiarios deberán cumplir los siguientes requisitos académicos: 

1º. Estudiantes de Grado, de primer y segundo ciclo de estudios universitarios y de enseñanzas artísticas superiores, estudios militares superiores y estudios religiosos superiores: 

-Los estudiantes de primer curso deberán acreditar una calificación en las pruebas de acceso con exclusión, en su caso, de la fase específica de 6,00 puntos 

-Los estudiantes de segundo y posteriores cursos tendrán que haber superado el 85 % de los créditos matriculados en el curso anterior, si se trata de enseñanzas técnicas o de Arquitectura e Ingeniería y el 100% en las restantes titulaciones y ramas de conocimiento. 

2º. Estudiantes de máster: 

-Los estudiantes de primer curso deberán acreditar una nota media de 7,00 puntos en los estudios previos que les dan acceso al máster. A estos efectos, las notas medias procedentes de estudios de enseñanzas técnicas se multiplicarán por el coeficiente 1,17. 

-Los estudiantes de segundo curso deberán acreditar una nota media de 7,00 en primer curso. 

Esto supone un aumento considerable de las exigencias académicas que afectará, sin duda, a un considerable número de alumnos. 

Para la exención de matrícula, “Quienes se matriculen por primera vez de estudios de Grado deberán acreditar una nota de acceso a la Universidad de 5,50 puntos, con exclusión de la calificación obtenida en la fase específica” 

Los solicitantes de segundos y posteriores cursos deberán haber superado en los últimos estudios cursados los siguientes porcentajes de los créditos matriculados:

Rama de conocimiento	Porcentaje de créditos a superar
Artes y Humanidades	90%
Ciencias	80%
Ciencias Sociales y Jurídicas	90%
Ciencias de la Salud	80%
Enseñanzas técnicas	65%

2.- Con respecto a los precios públicos (tasas), el aumento que propone el MECD va en la línea de una pretendida mayor recaudación, pero puede significar un abandono de la universidad de un gran número de personas, produciéndose el efecto contrario, que bajen los ingresos por tasas. 

Estos planteamientos se hacen desde una base, a nuestro juicio errónea, que es la de que se produce un abandono significativo del alumnado que llegan a cifrar en un 30%. Esto es sólo cierto en el primer curso de las carreras y probablemente se deba a que muchos alumnos se matriculan en titulaciones que no son conocidas por ellos o que no han elegido en primera opción. Una vez dentro del sistema el grado de abandono es mínimo. 

Con respecto a las becas, el rendimiento del alumnado es superior al 15% al de la media lo cual viene a demostrar que la inversión en becas sí es rentable. 

De ahí que la subida de tasas (precios públicos) en las matrículas universitarias pensamos que se hace en el peor momento posible y, en combinación con la previsible reducción del número de personas con capacidad académica para acceder a una beca, suponga un duro golpe para muchas familias que lo están pasando muy mal en este momento. 

El Gobierno de Canarias hará lo posible por mantener los parámetros actuales a la hora de la próxima convocatoria de becas y seguir con su política de siempre en los que se refiere a las tasas: que el precio de cada matrícula en las universidades públicas canarias sea el más bajo de todas las universidades españolas. 

TARIFAS SEGÚN GRADO DE EXPERIMENTALIDAD (curso 2011-2012/2012-2013)

Grado de experimentalidad	Primera matrícula	Segunda matrícula	Tercera  matrícula	Cuarta matrícula
1	13,44 – 18,95/31,58	19,48	22,84	24,86
2	11,49	16,66	19,53	21,26
3	9,26	13,43	15,75	17,13
4	8,63 – 12,30/20,30	12,51	14,67	15,97

Hasta ahora el aumento de matrícula se calculaba a partir del IPC y cuatro puntos porcentuales de aumento (limite menor y mayor). Así, por ejemplo, el curso pasado en Canarias se aumentó el 3,6%. 

En este momento se ha calculado sacando la media de lo que cuesta un crédito en las distintas Comunidades, entendiendo que ese es el 15% del que se parte y llevando el aumento hasta el 25% como máximo, en primera matrícula. 

Esto nos da una cifra mínima por cada crédito matriculado en las titulaciones de máxima experimentalidad (Ciencias de Salud, Ingeniería, Arquitectura…) de 18,95 € y una máxima de 31,58 € (frente a los 13,44 € que costaba cada crédito en la Comunidad Autónoma de Canarias). 

En lo que hace referencia a las titulaciones que tienen un grado de experimentalidad mínimo (todas las de Humanidades básicamente) el precio mínimo por crédito será de 12,30 € y el máximo de 20,30 € (frente a los 8,63 € del último curso). 

En resumen, si un estudiante se matricula de 60 créditos en una titulación de grado de Humanidades (un curso completo), deberá pagar 738 € (frente a los 517 € que pagaba hasta ahora). Si este o esta estudiante es de Veterinaria deberá pagar unos 1137 € (frente a los 806 € de hoy).

Nota de prensa Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias

La Consejería de Educación, Universidades y sostenibilidad del Gobierno de Canarias denuncia que la subida de tasas universitarias del Ministerio se realiza “en el peor momento posible”

Los responsables de la Consejería de Educación, Universidades y sostenibilidad del Gobierno de Canarias, estiman que la subida de tasas (precios públicos) en las matrículas universitarias “pensamos que se hace en el peor momento posible y, en combinación con la previsible reducción del número de personas con capacidad académica para acceder a una beca, suponga un duro golpe para muchas familias que lo están pasando muy mal en este momento”, señaló el director general de Universidades, Carlos Guitián. 

José Miguel Pérez: “Desde su implantación en 1994, el distrito único universitario ha funcionado perfectamente”

El vicepresidente y consejero puntualiza que la implantación de la preinscripción común está a la espera de alcanzar un acuerdo entre las Universidades y la Consejería.

“El distrito único universitario, creado en 1994, y que permite que a los efectos del ingreso en los centros universitarios de Canarias, las dos Universidades se considerarán distrito único, permitiendo que los estudiantes puedan acceder a cualquier de ellas con independencia de la isla en la que residan, funciona perfectamente desde su implantación”, según explicó el vicepresidente y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, José Miguel Pérez. 

El responsable del Ejecutivo autonómico, que hizo estas declaraciones durante su intervención en la sesión de este martes, 8 de mayo, del Pleno del Gobierno, matizó que, resultado de la creación del distrito único en las Islas, “las coordinaciones de la PAU funcionan, el contenido de las distintas pruebas es el mismo en las ambos centros y las fechas de realización de las pruebas también”. 

En cuanto a la iniciativa de establecer una preinscripción común de alumnos entre la Universidad de La Laguna y la de Las Palmas de Gran Canaria, que permitirá que se presente una única solicitud para estudiar en cualquiera de los dos centros, señalando la preferencia de titulaciones y centros, el vicepresidente y consejero apuntó que “su implantación está a la espera de alcanza un acuerdo entre las universidades y la Dirección General de Universidades”. 

“Su puesta en marcha ha quedado aplazada un año, a espera de alcanzar un acuerdo y de la firma del convenio. Ambas universidades se han ofrecido para gestionar el proceso de manera gratuita y desinteresada, ante la carencia de fondos humanos y materiales de la Consejería para asumir el proceso. Nuestro objetivo es mantener abierto el diálogo y alcanzar un consenso al respecto”. 

El proceso respeta la autonomía universitaria, a pesar de que la responsabilidad de la gestión de la preinscripción corresponderá a la Consejería. La ULPGC ha ofrecido su software, de elaboración propia, mediante el cual se gestiona, desde hace más de diez años, las solicitudes de admisión y matriculación de ese centro y que cuenta con las ventajas de ser modular, la utilización de tecnologías y entornos estándares y de software libre, así como la reutilización de los datos introducidos por los solicitantes en trámites posteriores.

Nota de prensa Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias

Guacimara Medina: “Las administraciones públicas deben ser las primeras en dar ejemplo”

La viceconsejera de Sostenibilidad inauguró en la mañana del pasado viernes, 4 de mayo, el primer workshop de Sostenibilidad del Gobierno de Canarias denominado “Políticas Transversales y Estrategias en la Administración Pública”.

Este seminario contó con la conferencia del director del Observatorio de Sostenibilidad Español, Luis Jiménez Herrero.

Durante la jornada de trabajo se constituirá el Consejo Asesor de Sostenibilidad que será el encargado de elaborar el Documento de Sostenibilidad con las líneas básicas de actuación en esta materia, y que se presentará el próximo otoño.

La viceconsejera de Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, Guacimara Medina, que inauguró en la mañana de este viernes, 4 de mayo, el primer seminario de trabajo que organiza el Gobierno de Canarias en esta materia denominado “Políticas Transversales y Estrategias en la Administración Pública”, destacó la apuesta firme que el ejecutivo está haciendo por un cambio de modelo productivo que ponga en valor la sostenibilidad de nuestro archipiélago. 

Guacimara Medina apuntó “creemos firmemente en desarrollar un modelo novedoso, en el cual la sostenibilidad pase de estar en un segundo plano y se convierta en un elemento vertebrador de los diferentes departamentos del Gobierno”. 

Durante esta jornada de trabajo, que se desarrollará a través de una conferencia del director del Observatorio de Sostenibilidad Español, Luis Jiménez Herrero, y dos talleres de trabajo, se constituirá el Consejo Asesor de Sostenibilidad del Gobierno de Canarias que implementará las políticas y medidas que se recogerán en un documento base que se presentará el próximo otoño. 

Gran parte del crecimiento demográfico, económico y social de Canarias se sustenta en el consumo y deterioro del territorio, biodiversidad, recursos naturales y patrimonio cultural. La reorientación del modelo de desarrollo canario hacia la sostenibilidad debe ser progresiva y constante; siendo imprescindible que la sostenibilidad impregne desde las políticas públicas hasta los valores, actitudes y comportamientos de la sociedad canaria, trazando orientaciones a corto y medio plazo, que animen a participar activamente a los agentes sociales, económicos e institucionales. La clave es la innovación. 

La reorientación sostenible de las políticas públicas tendrá más posibilidades de éxito si son los diferentes departamentos los que asumen la necesidad de incorporar este principio en cada planificación y gestión. 

El desarrollo sostenible plantea un formidable desafío al conjunto de decisiones públicas. Esta nueva visión, propicia el intercambio de ideas entre políticos y técnicos para la formulación de políticas de desarrollo económico-social-ambiental como práctica habitual de funcionamiento de las administraciones públicas. 

En Canarias, la profusa normativa de protección y conservación del patrimonio natural y el territorio hacia un desarrollo sostenible contrasta con el reducido nivel de definición e implantación de instrumentos concretos y eficaces hacia la sostenibilidad. 

Talleres 

Taller 1. “La sostenibilidad y los procesos relevantes en el modelo socioeconómico”. Este taller abordará la evolución de la economía en Canarias, la eficiencia sostenible en los procesos de producción y consumo y el impacto de la evolución económica actual sobre el mercado de trabajo y los aspectos relacionados con la salud y la educación. 

Taller 2. “La sostenibilidad en el Medio Ambiente y el Territorio”. Este taller abordará la dimensión ambiental de la sostenibilidad, incluyendo aspectos como el cambio climático, la energía, el transporte, el medio natural y el territorio. 

Nota de prensa Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias

Imagen nota de prensa: Políticas Transversales

El Gobierno de Canarias tiene en marcha muchas de las acciones propuestas en el informe Pisa

José Miguel Pérez detalló el pasado viernes, 27 de abril, en Comisión de Educación, qué acciones desarrolla su departamento en las áreas señalada por los técnicos de la OCDE.

Muchas de las acciones propuestas en el documento sobre la situación educativa en Canarias que encargó el Gobierno a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organismo responsable del Programa para Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), se incluyen ya en las acciones previstas para esta legislatura por la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad. Otras, se encuentran limitadas por el reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Así lo manifestó esta mañana en Comisión de Educación el responsable del departamento educativo canario y vicepresidente del Gobierno, José Miguel Pérez. 

El reseñado documento centra sus acciones en cuatro áreas: Gestión y recursos del sistema. Estudiantes y aprendizaje. Profesorado y enseñanza. Y, por último, Centros, directores e inspección. Las medidas a acometer en cada una de ellas son calificadas según el orden de importancia, el plazo en el que deberían ser acometidas y el hecho de que dependan de la Administración Autonómica o de la Administración Estatal. En este sentido, la Consejería ha planteado actuaciones de acuerdo a objetivos de corto y medio plazo y que dependen únicamente de la Administración Autonómica; a la vez que se desarrollan las bases para el resto de las medidas, según explicó Pérez. 

El vicepresidente destacó, como una de las principales aportaciones del equipo de la OCDE que se trasladó a las Islas, la necesidad de un Pacto Social y Político por la Educación en Canarias. “Un pacto, -dijo Pérez-, que contemple como objetivos el ofrecer a la sociedad un sistema educativo estable. Un sistema educativo adaptable a las circunstancias personales de sus usuarios, que favorezca mayores cotas de éxito escolar con el mínimo abandono temprano. Y que, además, posibilite la adquisición de competencias básicas a cada alumna y alumno para poder seguir en el sistema educativo, pero también para la educación a lo largo de toda la vida y adaptado al mercado laboral y sus necesidades”, añadió. 

En cuanto a las aportaciones hechas y las acciones que desarrolla la Consejería en cada una de las áreas señaladas por los técnicos de la OCDE, José Miguel Pérez, destalló el siguiente informe. En el área de Gestión y recursos del sistema, se sigue profundizando en lo que ya la LOE recoge sobre la Participación, Autonomía y Gobierno de los Centros y que se desarrolla en las correspondientes órdenes por las que se aprueban las instrucciones de organización y de funcionamiento de los centros educativos, tanto de Educación Infantil y de Educación Primaria, como de Educación Secundaria en nuestra Comunidad. 

En esta misma línea, el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 143 de 22 de julio) hace especial hincapié en dotar a los centros educativos de enseñanza no universitaria de mayor autonomía de funcionamiento. 

De igual manera, si bien el documento señala que hay que potenciar la participación de la comunidad educativa, debe indicarse que son varios los canales de participación que el profesorado, el alumnado y las familias, a través de sus organizaciones, ya poseen y que, en su derecho utilizan. Entre estas vías de participación destaca el papel que desempeña el Consejo Escolar de Canarias como órgano consultivo de la Consejería para los grandes temas educativos. 

Estudiantes y aprendizaje 

La Consejería, ya acomete, como uno de sus grandes retos, el fomento de la participación familiar en la educación de sus hijos e hijas, primera recomendación del informe en el área de Estudiantes y aprendizaje. Con tal fin, se desarrolla el Plan Canario de Formación para la Familia con cursos presenciales, semipresenciales o en línea para padres y madres y organizados desde los servicios centrales; subvenciones para las asociaciones de madres y padres; el programa Educar en Familia, iniciativa que se realiza con la participación corresponsable de las administraciones locales; la puesta en marcha de la plataforma digital www.familiasenred.es; la formación y el apoyo a las familias en los centros que han firmado el Plan de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA); acciones para promover la asociación de familias de alumnado y su participación activa; o la línea telefónica de asesoramiento a familias a través del 900 400 405. 

De igual manera, son acciones que repercuten directamente en el alumnado, aunque se relacionen con el área del profesorado, la oferta de numerosos cursos de formación para este colectivo, tanto presenciales, a través de la red de Centros del Profesorado, como semipresenciales o en línea, para que aprenda a detectar la presencia de necesidades educativas en su alumnado y el tratamiento psicopedagógico que precisan. En esta mismo sentido, se han publicado diversos documentos y se imparten una gran cantidad de cursos sobre la planificación didáctica y la evaluación del alumnado desde el enfoque psicoeducativo de las competencias básicas. 

En este bloque de acciones podríamos incluir el desarrollo del Programa Infancia. Al ser experimental, en esta primera etapa se dirige a un máximo de 30 centros. Este Programa persigue la actualización metodológica del profesorado de Infantil y primer ciclo de Primaria; la coordinación interetapas para facilitar la transición del alumnado; y medidas específicas de apoyo orientadas a favorecer el desarrollo de las competencias básicas, prioritariamente el de la competencia en comunicación lingüística. 

Por último, se recomienda y abre la posibilidad a los centros educativos, especialmente en secundaria, para que, dentro de su plan de oferta de materias optativas, incluyan aquellas enseñanzas que pueden posibilitar el mejor desarrollo personal, académico y laboral de su alumnado, incluyendo en ellas las segundas lenguas extranjeras y ciertas habilidades relacionadas con el mundo profesional. 

Profesorado y enseñanza. 

Las primeras acciones que la OCDE señala para ser acometidas en el área Profesorado y enseñanza, requieren cambios profundos y de índole estatal en los que la Consejería no tiene competencias, si bien los analizará y propondrá, en los foros estatales en los que la Comunidad Autónoma participa, proponiendo aquellas iniciativas que considere pertinentes y prioritarias relacionadas con las condiciones contractuales del profesorado, su remuneración y planes de jubilación anticipada. 

No obstante, la Consejería está convencida del necesario impulso a la autonomía del profesorado, su formación y su implicación no sólo con el alumnado sino que también con las familias y el resto de la comunidad educativa. En este sentido, la Consejería ha establecido, para el bienio 2011/2013, el Plan de Formación del Profesorado que se vertebra en siete líneas estratégicas de intervención: Competencias básicas y la programación didáctica. Atención a la diversidad. Organización escolar y la cultura participativa. Formación en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y del Programa Clic Ecuela 2.0. Programa formativo hablar otra lengua. Mejora de la convivencia y del clima escolar. Y, por último, formación profesional, la educación de personas adultas y las enseñanzas artísticas. 

El documento de la OCDE recoge que debe recompensarse al profesorado que, voluntariamente, decide formarse. En este sentido, la realización de cursos de actualización es un elemento que se incentiva en el concurso de traslados del profesorado. Exactamente igual ocurre con aquel profesorado que asume cargos directivos en los centros educativos; en estos casos, se añade un incentivo de carácter económico. 

En relación a la formación inicial del profesorado, la inclusión de las dos universidades canarias en el Espacio Europeo de Educación Superior, el conocido Proceso Bolonia, y la apertura de los centros educativos para su formación práctica, posibilita el logro de las recomendaciones que recoge el informe, incluido el Master en Formación del Profesorado de Educación Secundaria. 

Centros, directores e inspección 

Al igual que en el apartado anterior, hay acciones señaladas en el documento en las que la Consejería se encuentra limitada por la normativa de carácter estatal, lo que no impide su participación activa en la búsqueda de soluciones en los que las comunidades autónomas tienen participación con la administración del Estado, como son: Posibilitar que los Consejos Escolares y las direcciones de los centros decidan el personal docente para trabajar en ellos e incluso despedirles; ofrecer mayor poder ejecutivo al Consejo Escolar; determinar ajustes en el plan de estudios; determinar programas específicos para el alumnado con necesidades educativas; como incentivo, aumentar las diferencias retributivas entre las direcciones de los centros y el profesorado del mismo; o que la dirección de cada centro establezca sus propios órganos de gestión. 

En cambio, ya son posibles en nuestra Comunidad, otras acciones, tales como la selección de los libros de texto; no fijar el número de cursos en los que un docente puede ser director o directora; posibilitar y facilitar la autoevaluación de los centros educativos; cursos específicos para poder acceder a la función directiva; autonomía para determinar ciertas contrataciones de servicios; incluir aspectos que favorezcan la mejor y más adaptada respuesta al alumnado; o la supervisión de determinados aspectos de la labor docente por parte de la Inspección de Educación. 

Hay un aspecto que parece que no tuvo en cuenta la comisión de la OCDE que se trasladó a Canarias y que recomienda. La Consejería, a través de la Inspección de Educación y las Direcciones Territoriales de Educación desde hace bastantes cursos evalúa el desempeño de la función directiva al profesorado que las desempeña en los centros de enseñanza no obligatoria. 

En este momento, a través del Instituto Canario de Evaluación y Calidad Educativa (ICEC) y otros centros directivos de la Consejería se trabaja en el desarrollo de instrumentos y elementos de evaluación del alumnado que permitan la valoración de la adquisición de competencias básicas de forma lo más objetiva y estandarizada posible. A tal fin, ya son numerosos los documentos que en el primer trimestre del presente curso escolar se han publicado. Y desde hace varios cursos se desarrollan las preceptivas evaluaciones de diagnóstico al alumnado.

Nota de prensa Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias

La oferta de titulaciones en las universidades canarias es amplia y adecuada al mercado laboral

El Gobierno de Canarias impulsó y aprobó en 2010 la “Estrategia Canaria para la Mejora de la Oferta de Educación Superior 2010/2020”.

La oferta de titulaciones que en este momento tienen las universidades públicas canarias es amplia, fruto del trabajo realizado por las dos instituciones a través de sus Equipos de Dirección, Claustros, Consejos de Gobierno y Consejos Sociales, explicó el pasado viernes, 27 de abril, en Comisión de Educación el vicepresidente y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad, José Miguel Pérez. 

“No hay que olvidar que en los Consejos Sociales existe una representación mayoritaria de los agentes económicos y sociales, así como de las instituciones políticas de la Comunidad Autónoma”, añadió. 

Pérez recordó que el Gobierno de Canarias en el año 2010 impulsó y aprobó la “Estrategia Canaria para la Mejora de la Oferta de Educación Superior 2010/2020”, cuyo contenido es fruto de los estudios y debates que contaron con la participación activa de las dos universidades, así como de los agentes económicos y sociales. 

El proceso de elaboración de este documento se inició con el análisis del comportamiento reciente de la demanda universitaria, las tendencias actuales en materia de formación y empleo y los planes estratégicos sectoriales de los que se ha dotado la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Este análisis inicial se nutrió de las expectativas que tienen los principales empleadores públicos y privados del Archipiélago sobre los titulados universitarios del futuro y de la opinión de expertos nacionales e internacionales en educación superior sobre las enseñanzas que podían tener una mayor proyección en Canarias en el marco de la actual sociedad global del conocimiento. 

La Estrategia, como dice el mencionado documento, pretende ir más allá de la relación fundamentada de posibles estudios prioritarios de cara al futuro. También trata de incidir en las competencias y habilidades generales que deben orientar el proceso de aprendizaje de los titulados superiores en Canarias, al tiempo que incorpora todas aquellas medidas de acompañamiento y apoyo que contribuyan a lograr un mayor éxito de la educación superior en términos de internacionalización, empleabilidad, eficiencia y contribución al desarrollo económico y al bienestar social de las Islas. 

El planteamiento estratégico parte de la identificación de una treintena de estudios universitarios, entre enseñanzas de grado y de máster, que concentran las preocupaciones estratégicas de futuro por disponer de elevada proyección de demanda y ofrecer evidencias claras de resultar esenciales para el desarrollo económico y social de Canarias. 

En el área de Ciencias Experimentales y de la Salud se distinguen aquéllas titulaciones orientadas a la prestación de servicios de salud (Medicina, Enfermería y Fisioterapia), los que cubren el ámbito de las llamadas ciencias puras (Física, Química, Biología, Matemática, entre otras) y las enseñanzas de ciencias experimentales aplicadas (Ciencias Ambientales y Ciencias del Mar y aquéllas que están en el ámbito de la Biotecnología). 

En el área de las Ciencias Sociales y Jurídicas los estudios que se estiman serán los más demandados son: Administración y Dirección de Empresas, Turismo y Derecho. En esta área se considera estratégico para el desarrollo actual y futuro de Canarias la formación de titulados de grado y posgrado de maestros y de profesores de Secundaria, de Idiomas, de Formación Profesional y de Enseñanzas Artísticas. 

En lo que se refiere a las Enseñanzas Técnicas destacan las distintas ingenierías (Industrial, Informática y Telecomunicaciones), así como las especializaciones en Energías Renovables y Biotecnología. 

Por último, la rama de Humanidades es quizá la que menos adecuación tiene al mercado laboral. Sin embargo, una oferta universitaria no puede prescindir de estas titulaciones, siendo la de Traducción e Interpretación la que mejores perspectivas tiene de cara al empleo. La Gestión Cultural y Patrimonial es también una de las apuestas de futuro que han comenzado a realizar las universidades. 

Nota de prensa Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias

La supresión de primas a las energías renovables supone un auténtico mazazo a las aspiraciones de Canarias

Según informó este miércoles, 25 de abril, en el Parlamento, José Miguel Pérez, en su comparecencia para hablar de la Cumbre de Durban.

La supresión de primas a la generación de renovables acordada por el Gobierno del Estado, supone un auténtico mazazo a las aspiraciones de Canarias, y a su obligación, en el objetivo de reducir su dependencia de los combustibles fósiles. Así lo manifestó el vicepresidente y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, José Miguel Pérez, en su comparecencia parlamentaria de este miércoles, 25 de abril, para responder a una pregunta sobre los resultados de la conferencia sobre el cambio climático, la llamada Cumbre de Durban, celebrada a finales del año pasado en la ciudad de Sudáfrica. 

En la larga batalla que supone concienciar a sociedades y gobiernos, en obligarles a adoptar medidas que permitan combatir el calentamiento global, territorios como Canarias no disponen, ajuicio de Pérez, de la capacidad de presión o de negociación capaz de forzar cambios en las políticas de los países más contaminantes. 

“La fuerza de Canarias derivará, en todo caso, de su condición de laboratorio de sostenibilidad, de ejemplo vivo de cómo combinar el desarrollo humano con la preservación del planeta”, explicó. 

Entre los acuerdos tomados por los 194 países participantes en la Cumbre destacaron tres: El lanzamiento de un protocolo que se aplicaría a todos los miembros. Un segundo período de compromiso para el actual Protocolo de Kyoto. Y, por último, la puesta en marcha del Fondo Verde para el Clima. 

“Por tanto, -matizó el vicepresidente-, el acuerdo que se pudo alcanzar establece una hoja de ruta en virtud de la cual deberá llegarse a un acuerdo de recorte de emisiones que deberá ser adoptado a más tardar en 2015, y la extensión del protocolo de Kyoto por un plazo adicional que culminará en 2020”. 

En cuanto al Fondo Verde para el Clima, Pérez dijo que se trataría de fijar un precio a las emisiones de dióxido de carbono en todo el mundo, con el objetivo de nutrir un fondo destinado a financiar proyectos de adaptación al cambio climático en los países del sur. 

“Podría concluirse, por tanto, que los resultados de Durban se han limitado, en el mejor de los casos, a mantener los compromisos de Kioto, que ya sabemos no solo incumplidos, sino insuficientes para evitar los peores escenarios derivados de continuar emitiendo gases de efecto invernadero”, añadió. 

Tras la finalización de Durban se han producido reuniones en los ámbitos europeo y estatal 

El Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea (9 marzo 2012) trató de determinar los elementos principales de la posición de la UE en relación con la negociación internacional en materia de cambio climático y marcar las líneas de trabajo para 2012 con vistas a la Conferencia de las Partes 18 que tendrá lugar en Doha (Qatar) a finales de este año. 

Los principales mensajes de las conclusiones alcanzadas son: La necesidad de empezar a trabajar bajo la Plataforma de Durban lo antes posible para negociar el nuevo instrumento global y aumentar el nivel de ambición. Y, la Unión Europea mantiene su compromiso con el segundo periodo del Protocolo de Kioto y dará los pasos necesarios para la adopción formal de sus enmiendas en Qatar. 

En este sentido, el Consejo ha decidido dos cuestiones importantes: Que como parte de la transición a un acuerdo global, el segundo periodo de compromiso debe durar hasta 2020 y asegurar un nivel de ambición de los objetivos de reducción suficiente. Para ello, la UE pide que se simplifique el proceso actual para que una Parte (Estado Miembro independiente o UE como Parte) pueda aumentar el nivel de ambición de su compromiso si así lo desea. 

Que la Presidencia y la Comisión de la UE presentarán la información relativa al compromiso cuantificado de reducción de emisiones (QELRO) de la UE y sus estados miembro bajo el segundo periodo de compromiso, para cumplir con el plazo de notificación acordado en Durban. Esta notificación confirmará el compromiso dual -20/-30% en 2020 con respecto a 1990, siendo el QELRO para el marco Kioto el objetivo unilateral del -20%. 

Estado Español 

En cuanto al Estado Español, el pasado 11 de abril de 2012 se reunió la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático. En concreto, y en relación con el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), se comunicaron tres mensajes importantes: El IPCC evalúa la información científica, técnica y socio-económica disponible a nivel global sobre cambio climático, sobre una base comprensible, objetiva, abierta y transparente. Los informes de evaluación del mencionado Grupo Intergubernamental tienen una gran relevancia y constituyen el referente científico para la toma de decisiones en el proceso de negociación de la Convención Marco de las Naciones Unidades sobre Cambio Climático. . 

Actualmente está en proceso la elaboración del Quinto Informe de Evaluación del IPCC, cuya aprobación está prevista para 2013-2014. El AR5 contendrá el Informe de Síntesis y los tres volúmenes correspondientes a las contribuciones de sus tres Grupos de Trabajo: Grupo de Trabajo I (WGI): “Cambio Climático 2013: Las bases científicas físicas del cambio climático” (Septiembre de 2013); Grupo de Trabajo II (WGII): “Cambio Climático 2014: Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad” (Marzo de 2014); y Grupo de Trabajo III (WGIII): “Cambio Climático 2014: Mitigación al cambio climático” (Abril 2014). Informe de Síntesis (SyR) (Octubre de 2014). 

A partir de octubre de 2012 comenzarán los periodos de revisión gubernamental y por expertos, de los borradores del 5AR, con la siguiente programación: Grupo de Trabajo I: 5 de octubre - 30 de noviembre de 2012. Grupo de Trabajo II: 29 de marzo - 24 de mayo de 2013. y Grupo de Trabajo III: 25 de febrero - 22 de abril de 2013. 

En España el proceso de coordinación a nivel nacional se realiza por la Oficina Española de Cambio Climático (OECC), en su calidad de Punto Focal ante el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), a través de la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático. Por tanto, los borradores y la información sobre la revisión del 5AR se canalizarán a través de la CCPCC, siguiendo el procedimiento habitual que se ha llevado a cabo en ocasiones similares.

Nota de prensa Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias

José Miguel Pérez: “El Estado ha echado por tierra los esfuerzos de Canarias para reducir el abandono escolar y aumentar las tasas de rendimiento”

El vicepresidente y consejero de Educación manifestó, en el pleno parlamentario, que su Gobierno se reserva el derecho a presentar recurso de inconstitucionalidad sobre las medidas tomadas por el Estado.

El Gobierno de Canarias persistirá en su empeño no sólo de mantener unas plantillas docentes que garanticen las mejoras que el sistema educativo necesita, sino que intentará que las ratios profesor-alumno no suban, según afirmó el vicepresidente y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, José Miguel Pérez, a pregunta parlamentaria sobre las previsiones que tiene su departamento para hacer frente a los ajustes planteados por el Gobierno de España a las Comunidades Autónomas. 

“El Gobierno de Canarias seguirá haciendo sustituciones en las mejores condiciones posibles, hará todo lo que esté en su mano para mantener las tasas universitarias más bajas del Estado como viene ocurriendo hasta ahora e impulsará un gran acuerdo político y social por la educación, que nos permita superar unidos esta dificilísima situación”, dijo Pérez 

Explicó el vicepresidente que el Estado ha echado por tierra los esfuerzos de Canarias para lograr reducir el abandono escolar y aumentar la tasa de rendimiento. “Este no es ni el modelo, ni la herencia dejada por el Gobierno de España anterior, y va más en la línea de que la Educación la pague quien pueda, agregó. 

Respecto a los ajustes planteados en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012, como analizó Pérez en el pleno anterior, inciden fundamentalmente en los Programas de Cooperación Territorial, y van referidos a la financiación complementaria y extraordinaria derivada de la LOE y de la voluntad de prorrogarlas del ministro Gabilondo. 

Recorte adicional 

En cuanto a la segunda parte de la pregunta, referida al recorte adicional de 3.000 millones de euros, que fueron anunciadas por el ministro Wert en las últimas Conferencias Sectoriales de Educación y Universidades, recogidas en el Real Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril, aprobadas en el Consejo de Ministros celebrado en esa misma fecha. Medidas de las que dijo no incidían sobre la cobertura y la calidad de la educación. 

Pérez manifestó al respecto que, “este juicio sólo lo comparten el Gobierno de España y las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular por razones obvias”. 

La primera estimación realizada por el Gobierno de Canarias sobre las consecuencias de la aplicación de estos ajustes, no coincide con la valoración del ministro sobre el impacto que dichas medidas tendrán en la calidad y la equidad de la Educación. 

“El aumento de horas lectivas, el alargamiento de los plazos para sustituir a los profesores de baja por enfermedad, la limitación de la oferta en las modalidades de Bachillerato, el aplazamiento en los nuevos módulos de FP, junto con el aumento de la ratio en un 20% tendrá consecuencias no solo en la calidad y equidad educativas, sino que según nuestras estimaciones, puede suponer el despido de 3.550 docentes aproximadamente, y en nada favorecen a la enseñanza”, explicó. 

“Estas medidas urgentes tienen el carácter de normativa básica para todo el Estado y, por tanto, la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias está obligada a implantarlas en su ámbito de actuación. Canarias no las comparte y se reserva el derecho a presentar un posible recurso de inconstitucionalidad”, afirmó. 

La Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, consciente de su responsabilidad institucional, no podrá eludir la implantación de algunas medidas, pero tratará de reducir, a juicio de Pérez, las consecuencias que tendrán sobre el profesorado y sobre las condiciones de aprendizaje del alumnado.

“Estas medidas, que entrarán en vigor de forma inmediata, suponen un cambio imprevisto en la planificación del curso escolar 2012/2013 cuyas consecuencias indeseables tendremos que analizar detenidamente. En cualquier caso, esta forma de actuar pone de manifiesto un total desprecio hacia el resto de administraciones públicas, hacia las familias, hacia el profesorado y el alumnado”, relató. 

Las medidas adoptadas que serán inevitables implantar y cuyas consecuencias son responsabilidad exclusiva del gobierno de Rajoy, son las siguientes: 

* Límites mínimos obligatorios en el horario del profesorado. Se fijan límites mínimos en el horario del profesorado no universitario. Estos límites son los siguientes: En Educación Primaria el mínimo de horas lectivas será de 25, mientras que para la Educación Secundaria será de 20 horas. 

* Sustituciones del profesorado. Las medidas adoptadas sólo permitirán cubrir las bajas del profesorado una vez transcurridos diez días lectivos. El resto del tiempo las bajas tendrán que cubrirse con el profesorado destinado en el centro. 

* Implantación de las enseñanzas de Formación Profesional. Los ciclos formativos de grado medio y grado superior, cuya implantación estuviera prevista para el curso escolar 2012/2013, se implantarán en el curso escolar 2014-2015. 

Dado que el Real Decreto-Ley permite a las Administraciones Educativas anticipar la implantación de las medidas que consideren necesarias en los cursos anteriores, Pérez manifestó su voluntad de mantener la planificación prevista en estas enseñanzas para el curso 2012/2013. 

* Límites en el horario del profesorado universitario. El horario del profesorado universitario se modifica en función de la actividad docente e investigadora y la introducción de un mínimo de docencia de 16 créditos ECTS y un máximo de 32. Esta modificación en los límites de la jornada lectiva puede suponer una profunda alteración de los planes previstos en cada una de las universidades canarias. 

* Precios públicos de las enseñanzas universitarias. Se establece una escala de precios en las matrículas universitarias que supone un aumento considerable del precio en la primera matrícula, dado que las familias deberán abonar entre el 15 y el 25 por ciento de la matrícula. 

La Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad optará, en este caso, por seguir manteniendo el límite más bajo para reducir las consecuencias de esta subida sobre las familias y los estudiantes. 

Nota de prensa Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias

El Gobierno de Canarias forma a especialistas que medirán los gases efecto invernadero

El director general de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, Carlos Espino, afirmó que este tipo de iniciativas “demuestran que el medio ambiente interesa profundamente a este Ejecutivo, que está seriamente comprometido con el mismo”. 

La Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y cambio Climático organiza este curso para formar a expertos en la elaboración de inventarios de gases de efecto invernadero, que comienza hoy, bajo el título “Elaboración de inventarios de gases de efecto invernadero (GEI) en Canarias” y está orientado a profesionales del sector del Cambio Climático. 

Este curso está financiado por el “Proyecto CLIMA-IMPACTO” dentro del Programa de Cooperación Transnacional Madeira – Azores – Canarias (MAC) 2007-2013 y Cofinanciado con Fondos FEDER. 

A partir de la experiencia adquirida por la ACDSCC en la elaboración de inventarios de GEI, se plantea como objetivo formar a expertos en la elaboración de dichos inventarios bajo las premisas del Panel Intergubernamental de expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Las docentes serán Nayra Nazco, Licenciada en Ciencias Ambientales y técnico de la ACDSCC e Irene Marrero, Ingeniero de Organización Industrial, ambas autoras el Inventario de Gases de Efecto Invernadero en Canarias 2008. 

Para el óptimo desarrollo del curso se contará además con la acreditada experiencia de dos de los “gurús” del Cambio Climático de España, que ofrecerán ponencias magistrales los días 25 y 26 de junio a puertas abiertas hasta completar aforo, en las mismas instalaciones en las que se imparte el curso. 

El primer ponente será el Doctor en Ciencias Químicas, José María Baldasano, Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Barcelona e Ingeniero Químico por la Universidad de Toulouse. Actualmente es Catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña en el área de “tecnologías del medio ambiente”, es también el Director del Departamento de Ciencias de la Tierra y Calidad del Aire, del Barcelona Supercomputing Center (BSC). 

Don José Santamarta, es Licenciado en Filosofía y Letras y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Fue Asesor del Ministerio de Medio Ambiente entre 2004 y 2008, trabajó en el Ministerio de Economía, en el Ministerio de Industria y Energía, en el IDAE y en la Consejería de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, además es representante del "Climate Action Network" y del Worldwatch Institute en España entre otras actividades que desarrolla en su ámbito profesional. 

Debido a la complejidad que supone el alcanzar un manejo resuelto de las Directrices del IPCC, se establece una duración de dos meses y medio, se inicia hoy en horario de lunes a jueves de 16:30 a 20:30 horas y la fecha de finalización es el 21 de junio. Incluida en la programación del curso se contemplan las siguientes salidas a campo: 10 de mayo, visita a CEPSA Tenerife como principal industria de Canarias, 24 de mayo, visita a la Finca de agricultura ecológica El Mato, 5 de junio, visita al Complejo Ambiental de Arico y el 14 de junio se hará una visita guiada por técnicos del Cabildo de Tenerife a la Corona Forestal. 

Las emisiones totales de GEI estimadas en el inventario de GEI en Canarias 2008, tanto en 1990 como en 2008 en términos de CO2 equivalente son respectivamente 10.119,12 y 13.517,32 Gg. La variación asciende a 3.398,2 Gg, representando un incremento del 33,5% sobre el año base, este incremento está relacionado con el aumento de población que Canarias ha experimentado en este periodo de tiempo. Aún así, las emisiones per cápita permanecen relativamente constantes variando de 6,1 a 6,3 Gg de CO2 eq per cápita desde 1990 hasta 2008. Destacar que para el año de estudio la estimación de emisiones calculadas en el inventario GEI en Canarias 2008 difieren de las estimadas por el Sistema Español de Inventarios Nacionales (SEI) tan solo en 152,76 Gg eq de CO2. 

Nota de prensa Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias

Las autorizaciones ambientales integradas de los complejos Zonzamas (Lanzarote) y Zurita (Fuerteventura) se emitirán el próximo mes de mayo

Según informó este lunes, 15 de abril, José Miguel Pérez, en comisión parlamentaria.

La Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad emitirá a lo largo del mes de mayo las autorizaciones ambientales integradas para los complejos Zonzamas y Zurita en Lanzarote y Fuerteventura, respectivamente, según informó hoy el responsable del departamento, José Miguel Pérez, en comisión parlamentaria. 

No obstante, para estos complejos, una vez superados los trámites de información pública y de impacto ambiental, se han impuesto por parte de la Viceconsejería de Medio Ambiente, unas condiciones de funcionamiento con un contenido similar a las autorizaciones ambientales integradas, que permiten su puesta en marcha con las suficientes garantías en materia medioambiental. 

Los Complejos Ambientales quedan definidos en la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias, como un conjunto de instalaciones en las que se descargan los residuos con destino, según su naturaleza, al preparado para el transporte posterior a otro lugar, para valorización, tratamiento o eliminación in situ, así como, en su caso, el depósito temporal previo a las operaciones de valorización, tratamiento o eliminación ex situ. La construcción de las instalaciones es competencia del Gobierno de Canarias, mientras que la gestión de este servicio se atribuye a los Cabildos Insulares. 

Los Complejos Medioambientales que disponen actualmente de autorización ambiental integrada son los siguientes: Complejo Ambiental de Salto del Negro (Resolución de 13 de enero de 2010), Complejo Ambiental de Arico (Resolución de 19 de mayo de 2011), Complejo Ambiental de Los Morenos (Resolución de 28 de septiembre de 2011), Complejo Ambiental de Juan Grande (Resolución de 22 de diciembre de 2011), Complejo Ambiental de El Revolcadero (Resolución de 26 de enero de 2012) y Complejo Ambiental de La Dehesa (Resolución de 26 de enero de 2012). 

Por otro lado, se está tramitando la ampliación de las instalaciones del Complejo Ambiental de Salto del Negro, estando pendiente de recibir informe del Ayuntamiento de adecuación urbanística, así como la emisión de la propuesta de resolución de la autorización ambiental integrada. Por su parte, el vertedero municipal de Salto del Negro, para el que no se solicitó la autorización ambiental integrada, está pendiente de su clausura por el Cabildo de Gran Canaria una vez adjudique el contrato de gestión del Complejo Ambiental de Salto del Negro. 

Incorporación de ayuntamientos a la APMUN 

Por otro lado, el vicepresidente y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad, José Miguel Pérez, informó que un total de 36 ayuntamientos se encuentran consorciados en la actualidad con la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN). 

La APMUN no es un consorcio típico sino que se trata de un ente de naturaleza consorcial creado por ley, y al que se le asignan unas competencias hasta ese momento de titularidad autonómica y de ejercicio inexcusable, por lo que aún en la hipótesis de que ninguna de las Administraciones Locales llamadas por la ley se adhiriesen, la APMUN seguiría existiendo. 

Esta tesis de que la APMUN no es un consorcio típico viene avalada en la determinación establecida por ley referente a que sus estatutos no los aprueba el conjunto de las Administraciones consorciadas en asamblea al efecto, sino por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma a propuesta de aquélla, conforme dispone el artículo 229.4 del TRLOTENC. Igualmente, el nombramiento del director ejecutivo viene regulado en similares términos. 

Así, se ha de entender que la APMUN goza de una doble naturaleza jurídica, la de Organismo Autónomo del Gobierno de Canarias para el ejercicio de las competencias que directamente le atribuye la ley, de no constituirse el consorcio, y, la de consorcio atípico en el que se convierte tras la celebración de su asamblea constituyente. 

Nota de prensa Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias