Canarias, ocupada mediante una
invasión armada por España, que dio lugar a una guerra
injusta e ilegal prolongada desde el año 1402 hasta el
1495, aún es una posesión colonial española, pese a que
en el año 1982 España otorgó a Canarias un falso
estatuto de autonomía para engañar a la comunidad
internacional, que en justicia exigía proceder a la
Descolonización e Independencia de Canarias. Mediante
ese falso estatuto de autonomía España ha conseguido
hasta el momento que Canarias no figurase en las
Naciones Unidas como territorio no autónomo y, como
demostraremos a continuación, sin ser una autonomía.
Sostenemos que se trata de una falsa autonomía, sin
competencias, como lo demuestra el hecho de que el 12
de Marzo de 1986, cuatro años después de la concesión
del falso estatuto de autonomía, se celebró un
Referéndum mediante el que se le preguntaba a la
ciudadanía si quería o no pertenecer a la Organización
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), a la que sí
pertenece España, opción que fue rechazada en Canarias
por el 53 % de los votos , decisión democráticamente
tomada y aún pendiente de ejecutar, debido a que España
es un estado de escasa, por no decir nula, tradición
democrática.
España no sólo se ha negado sistemáticamente a ejecutar
los resultados favorables al NO en el Referéndum del 12
de Marzo de 1986, sino que ha procedido a incrementar
artificialmente el censo electoral con la permisiva
entrada de españoles y otros extranjeros en el
territorio canario, que en sólo 25 años (desde el 12 de
Marzo de 1986 hasta las elecciones del 20 de Noviembre
de 2011) pasó de 1.003.385 a 1.587.295 (referido
exclusivamente al censo electoral, no al poblacional
que obviamente es mucho mayor), o lo que es lo mismo
583.910 electores más, pues se les ha reconocido el
derecho al voto y todo ello en un territorio de apenas
8.000 kilómetros cuadrados, que da lugar a uno si no el
más superpoblado del mundo.
La entrada masiva de inmigrantes también ha dado lugar, paralelamente,
a la emigración masiva de canarios, como se constata
del análisis del propio censo electoral, que incluía
7008 electores en el Referéndum de 1986, denominado
voto CERA (voto de los residentes en el extranjero), voto CERA que se incrementó hasta 105.164 en
las elecciones del 20 de Noviembre de 2011.
Además, para excluir del falso parlamento (falso dado
que carece de competencias) a los defensores de esta
tesis las fuerzas políticas al servicio de la metrópoli
española se han inventado una antidemocrática ley
electoral canaria que exige hasta un 30 % de los votos
en cada isla para obtener representación parlamentaria,
lo que da lugar a que prácticamente los tres mismos
partidos de siempre controlen las falsas instituciones canarias,
como por ejemplo el Cabildo palmero.
Otra prueba del falso estatuto de autonomía vigente en
Canarias la tenemos recientemente en la autorización
por el ministerio de industria del gobierno de España
de realizar prospecciones petrolíferas entre 5 y 40
millas de las costas canarias a pesar del acuerdo en
contra de las falsas instituciones canarias, como los
ayuntamientos de Lanzarote y Fuerteventura, los
Cabildos Insulares de estas dos islas y el mal
denominado parlamento autónomo.
Es digno de mención que las citadas prospecciones
petrolíferas se sitúan en el banco de pesca
Canario-sahariano, una de las cinco zonas mundiales de
afloramiento de nutrientes, de ahí la riqueza del
mismo.
España está intentando recurrir al método que
mejor conoce, la picaresca, para saquear el supuesto
petróleo existente entre Canarias y la costa
continental africana, atribuyéndose unas competencias
que no le corresponden, pues la jurisdicción
internacional reconoce competencias a España, en tanto
que potencia administradora de la colonia Canaria, en
doce (12) millas alrededor de cada isla. Esas son las
aguas jurisdiccionales españolas en Canarias. A partir
de las 12 millas las aguas son zona económica exclusiva
de otros países o son internacionales, acorde con la
parte IV de la Convención de las Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar (Convención de Montego Bay de 1982),
dedicada a la definición y regulación de los espacios
marítimos y aéreos en los llamados Estados
archipelágicos (en alusión a la zona marítima pelágica,
una de las tres denominadas zonas litoral, pelágica y
abisal) (Art. 46 al 54).
A tal efecto se entiende por
Estado Archipelágico "al constituido totalmente por
uno o varios archipiélagos y que podrá incluir otras
islas" (Art. 46, a). Y por archipiélago "un
grupo de islas, incluidas partes de islas, las aguas
que las conectan y otros elementos naturales, que estén
tan estrechamente relacionados entre sí que tales
islas, aguas y elementos naturales formen una entidad
geográfica, económica y política intrínseca o que
históricamente hayan sido considerados como tal"
(Art. 46, b).
Sin embargo Canarias aún no es un Estado
Archipelágico, sino un archipiélago del estado español
o sea, una colonia y sus habitantes un pueblo
indolente, avúlico, transculturizados desde el miedo
prolongado debido a la represión de las fuerzas de
ocupación españolas, como el ejército español de
ocupación, una parte del cual ocupa el cuartel de Breña
Baja, en la isla de La Palma, que atemoriza a la población mediante las
prácticas continuas de tiro entre la ciudad y la playa
de los Cancajos, entorpeciendo el desarrollo turístico
de la misma.
El miedo produce ignorancia, porque no deja a la
persona actuar libremente. La incultura añadida al
miedo da lugar a la inmovilidad. Los efectos del
colonialismo no son específicos de Canarias, sino que
son universales y afectan a todas las poblaciones
colonizadas. Su estudio ha dado lugar al nacimiento de
una rama de la Psiquiatría, que es la Psiquiatría
Política de la Conducta y se divide en dos:
1. Psiquiatría política del colonizador: prepotencia,
etc.
2. Psiquiatría política del colonizado: pasividad
política producida por el miedo y la ignorancia, estado
de enajenación mental, etc., según la descripción del Doctor canario y cirujano cardiovascular, Don Manuel Díaz, constituyendo una
patología que el Psiquiatra Frank Fannon diagnosticó
como “El síndrome del colonizado”.
Lo sorprendente es que el pleno del Cabildo Insular de
La Palma, cuya presidencia ostenta, nunca mejor dicho,
un grupo que se autodenomina nacionalista
(pseudonacionalista más propiamente) se arrogue la
pretendida capacidad para, de forma antidemocrática,
negar los resultados en contra de la OTAN, de la que
forma parte España, en el Referéndum del 12 de Marzo de
1986 y en nombre de ese falso nacionalismo pedir el
ejército español de ocupación, aprobando una moción en pleno, que continúe en el
territorio que sólo al pueblo awara pertenece y todo ello por un cainita plato de lentejas.
Nota de prensa Movimiento por la Unidad
del Pueblo Canario
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