José Miguel Pérez detalló el pasado viernes, 27 de abril, en Comisión de Educación, qué acciones desarrolla su departamento en las áreas señalada por los técnicos de la OCDE.
Muchas de las acciones propuestas en el documento sobre la situación educativa en Canarias que encargó el Gobierno a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organismo responsable del Programa para Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), se incluyen ya en las acciones previstas para esta legislatura por la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad. Otras, se encuentran limitadas por el reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Así lo manifestó esta mañana en Comisión de Educación el responsable del departamento educativo canario y vicepresidente del Gobierno, José Miguel Pérez.
El reseñado documento centra sus acciones en cuatro áreas: Gestión y recursos del sistema. Estudiantes y aprendizaje. Profesorado y enseñanza. Y, por último, Centros, directores e inspección. Las medidas a acometer en cada una de ellas son calificadas según el orden de importancia, el plazo en el que deberían ser acometidas y el hecho de que dependan de la Administración Autonómica o de la Administración Estatal. En este sentido, la Consejería ha planteado actuaciones de acuerdo a objetivos de corto y medio plazo y que dependen únicamente de la Administración Autonómica; a la vez que se desarrollan las bases para el resto de las medidas, según explicó Pérez.
El vicepresidente destacó, como una de las principales aportaciones del equipo de la OCDE que se trasladó a las Islas, la necesidad de un Pacto Social y Político por la Educación en Canarias. “Un pacto, -dijo Pérez-, que contemple como objetivos el ofrecer a la sociedad un sistema educativo estable. Un sistema educativo adaptable a las circunstancias personales de sus usuarios, que favorezca mayores cotas de éxito escolar con el mínimo abandono temprano. Y que, además, posibilite la adquisición de competencias básicas a cada alumna y alumno para poder seguir en el sistema educativo, pero también para la educación a lo largo de toda la vida y adaptado al mercado laboral y sus necesidades”, añadió.
En cuanto a las aportaciones hechas y las acciones que desarrolla la Consejería en cada una de las áreas señaladas por los técnicos de la OCDE, José Miguel Pérez, destalló el siguiente informe. En el área de Gestión y recursos del sistema, se sigue profundizando en lo que ya la LOE recoge sobre la Participación, Autonomía y Gobierno de los Centros y que se desarrolla en las correspondientes órdenes por las que se aprueban las instrucciones de organización y de funcionamiento de los centros educativos, tanto de Educación Infantil y de Educación Primaria, como de Educación Secundaria en nuestra Comunidad.
En esta misma línea, el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 143 de 22 de julio) hace especial hincapié en dotar a los centros educativos de enseñanza no universitaria de mayor autonomía de funcionamiento.
De igual manera, si bien el documento señala que hay que potenciar la participación de la comunidad educativa, debe indicarse que son varios los canales de participación que el profesorado, el alumnado y las familias, a través de sus organizaciones, ya poseen y que, en su derecho utilizan. Entre estas vías de participación destaca el papel que desempeña el Consejo Escolar de Canarias como órgano consultivo de la Consejería para los grandes temas educativos.
Estudiantes y aprendizaje
La Consejería, ya acomete, como uno de sus grandes retos, el fomento de la participación familiar en la educación de sus hijos e hijas, primera recomendación del informe en el área de Estudiantes y aprendizaje. Con tal fin, se desarrolla el Plan Canario de Formación para la Familia con cursos presenciales, semipresenciales o en línea para padres y madres y organizados desde los servicios centrales; subvenciones para las asociaciones de madres y padres; el programa Educar en Familia, iniciativa que se realiza con la participación corresponsable de las administraciones locales; la puesta en marcha de la plataforma digital www.familiasenred.es; la formación y el apoyo a las familias en los centros que han firmado el Plan de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA); acciones para promover la asociación de familias de alumnado y su participación activa; o la línea telefónica de asesoramiento a familias a través del 900 400 405.
De igual manera, son acciones que repercuten directamente en el alumnado, aunque se relacionen con el área del profesorado, la oferta de numerosos cursos de formación para este colectivo, tanto presenciales, a través de la red de Centros del Profesorado, como semipresenciales o en línea, para que aprenda a detectar la presencia de necesidades educativas en su alumnado y el tratamiento psicopedagógico que precisan. En esta mismo sentido, se han publicado diversos documentos y se imparten una gran cantidad de cursos sobre la planificación didáctica y la evaluación del alumnado desde el enfoque psicoeducativo de las competencias básicas.
En este bloque de acciones podríamos incluir el desarrollo del Programa Infancia. Al ser experimental, en esta primera etapa se dirige a un máximo de 30 centros. Este Programa persigue la actualización metodológica del profesorado de Infantil y primer ciclo de Primaria; la coordinación interetapas para facilitar la transición del alumnado; y medidas específicas de apoyo orientadas a favorecer el desarrollo de las competencias básicas, prioritariamente el de la competencia en comunicación lingüística.
Por último, se recomienda y abre la posibilidad a los centros educativos, especialmente en secundaria, para que, dentro de su plan de oferta de materias optativas, incluyan aquellas enseñanzas que pueden posibilitar el mejor desarrollo personal, académico y laboral de su alumnado, incluyendo en ellas las segundas lenguas extranjeras y ciertas habilidades relacionadas con el mundo profesional.
Profesorado y enseñanza.
Las primeras acciones que la OCDE señala para ser acometidas en el área Profesorado y enseñanza, requieren cambios profundos y de índole estatal en los que la Consejería no tiene competencias, si bien los analizará y propondrá, en los foros estatales en los que la Comunidad Autónoma participa, proponiendo aquellas iniciativas que considere pertinentes y prioritarias relacionadas con las condiciones contractuales del profesorado, su remuneración y planes de jubilación anticipada.
No obstante, la Consejería está convencida del necesario impulso a la autonomía del profesorado, su formación y su implicación no sólo con el alumnado sino que también con las familias y el resto de la comunidad educativa. En este sentido, la Consejería ha establecido, para el bienio 2011/2013, el Plan de Formación del Profesorado que se vertebra en siete líneas estratégicas de intervención: Competencias básicas y la programación didáctica. Atención a la diversidad. Organización escolar y la cultura participativa. Formación en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y del Programa Clic Ecuela 2.0. Programa formativo hablar otra lengua. Mejora de la convivencia y del clima escolar. Y, por último, formación profesional, la educación de personas adultas y las enseñanzas artísticas.
El documento de la OCDE recoge que debe recompensarse al profesorado que, voluntariamente, decide formarse. En este sentido, la realización de cursos de actualización es un elemento que se incentiva en el concurso de traslados del profesorado. Exactamente igual ocurre con aquel profesorado que asume cargos directivos en los centros educativos; en estos casos, se añade un incentivo de carácter económico.
En relación a la formación inicial del profesorado, la inclusión de las dos universidades canarias en el Espacio Europeo de Educación Superior, el conocido Proceso Bolonia, y la apertura de los centros educativos para su formación práctica, posibilita el logro de las recomendaciones que recoge el informe, incluido el Master en Formación del Profesorado de Educación Secundaria.
Centros, directores e inspección
Al igual que en el apartado anterior, hay acciones señaladas en el documento en las que la Consejería se encuentra limitada por la normativa de carácter estatal, lo que no impide su participación activa en la búsqueda de soluciones en los que las comunidades autónomas tienen participación con la administración del Estado, como son: Posibilitar que los Consejos Escolares y las direcciones de los centros decidan el personal docente para trabajar en ellos e incluso despedirles; ofrecer mayor poder ejecutivo al Consejo Escolar; determinar ajustes en el plan de estudios; determinar programas específicos para el alumnado con necesidades educativas; como incentivo, aumentar las diferencias retributivas entre las direcciones de los centros y el profesorado del mismo; o que la dirección de cada centro establezca sus propios órganos de gestión.
En cambio, ya son posibles en nuestra Comunidad, otras acciones, tales como la selección de los libros de texto; no fijar el número de cursos en los que un docente puede ser director o directora; posibilitar y facilitar la autoevaluación de los centros educativos; cursos específicos para poder acceder a la función directiva; autonomía para determinar ciertas contrataciones de servicios; incluir aspectos que favorezcan la mejor y más adaptada respuesta al alumnado; o la supervisión de determinados aspectos de la labor docente por parte de la Inspección de Educación.
Hay un aspecto que parece que no tuvo en cuenta la comisión de la OCDE que se trasladó a Canarias y que recomienda. La Consejería, a través de la Inspección de Educación y las Direcciones Territoriales de Educación desde hace bastantes cursos evalúa el desempeño de la función directiva al profesorado que las desempeña en los centros de enseñanza no obligatoria.
En este momento, a través del Instituto Canario de Evaluación y Calidad Educativa (ICEC) y otros centros directivos de la Consejería se trabaja en el desarrollo de instrumentos y elementos de evaluación del alumnado que permitan la valoración de la adquisición de competencias básicas de forma lo más objetiva y estandarizada posible. A tal fin, ya son numerosos los documentos que en el primer trimestre del presente curso escolar se han publicado. Y desde hace varios cursos se desarrollan las preceptivas evaluaciones de diagnóstico al alumnado.
Nota de prensa Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias
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