Funcionarios del Gobierno argentino encabezados por el subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación de Argentina, Roberto Baratta, tomaron este miércoles el control de la petrolera YPF y desplazaron a los directores ejecutivos españoles y argentinos de la compañía.
Baratta, que hasta ahora era el único representante del Estado argentino en el directorio de YPF, se presentó con una lista de directores ejecutivos que, según el Gobierno, deben renunciar, y ordenó cambiar la seguridad del edificio, según fuentes de la petrolera consultadas por Efe.
El alto cargo argentino se presentó en la sede de la compañía, en el barrio de Puerto Madero, de Buenos Aires, apenas unos minutos después de que la presidenta Cristina Fernández anunciara por cadena nacional la intervención inmediata de YPF.
Fernández decretó que el ministro de Planificación, Julio de Vido, asuma la intervención de la compañía, con la asistencia del viceministro de Economía, Axel Kicillof, a quien medios locales señalan como uno de los principales impulsores de la expropiación de la petrolera.
La cotización de las acciones de YPF fueron suspendidas en la Bolsa de Buenos Aires tras el anuncio de expropiación del Gobierno, que declaró "de utilidad pública y sujeto a expropiación" el 51 por ciento del patrimonio de la mayor petrolera argentina.
De utilidad pública y sujeto a expropiación
El Gobierno de Argentina remitirá este lunes al Parlamento una norma en la que declara "de utilidad pública y sujeto a expropiación" el 51% del capital de YPF, filial de Repsol, según el texto del reglamento, leído durante un acto en el Salón de las Mujeres, en la Casa Rosada, y transmitido al país por la televisión pública.
El título tres de la nueva norma, que consta de 19 artículos, alude a la "recuperación del control de YPF" y a la "expropiación" de la empresa, participada en la actualidad en un 57% por Repsol.
"A efectos de garantizar el cumplimiento de la presente, declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF", asegura la norma.
Dentro del capital expropiado equivalente al 51% de la empresa, el Estado central asumirá a su vez un 51% y las provincias un 49%, de modo que el Gobierno tendrá un 26,01% del capital final y las provincias, el 24,99% restante.
Tras la lectura del texto, en el que los presentes han acompañado con aplausos y vítores la lectura de los artículos fundamentables de la norma, la presidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, se ha dirigido al país para defender su contenido.
"Somos el único país de América y casi del mundo que no maneja sus recursos naturales, pero hubo motivos más fuertes para tomar esta decisión", afirmó Fernández de Kirchner.
Tras la "desnacionalización" de YPF en 1998, afirmó, el país ha acabado convirtiéndose en "importador neto" de gas y petróleo, señaló, antes de aludir a la "desnacionalización" a finales de los años noventa como uno de los grandes "problemas" del país.
Remisión del texto
El texto, en el que se indica que el poder Ejecutivo argentino actuará como "expropiante" de la empresa, será remitido este mismo lunes al Parlamento argentino.
Una vez asumido el control de la empresa por parte del Estado, la transferencia de las acciones solo podrá realizarse mediante la "autorización honorable" del Congreso de la Nación, indica la norma.
El día en que se apruebe la nacionalización, la Comisión Nacional de Valores (CNV) argentina convocará una junta general de accionistas en la que se producirá la destitución de los actuales directivos de la empresa.
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