La moción de censura firmada por los socialistas y el PP en El Hierro todavía escuece en el pacto de gobierno de Canarias. Si bien en un primer momento tanto la dirección regional del PSC-PSOE como Coalición Canaria (CC) anunciaron acciones judiciales contra la decisión tomada en septiembre por el pleno insular que convirtió en presidente a Alpidio Armas, el paso de las semanas fue calmando los ánimos y hoy ya nadie entre los socialistas cree que al líder herreño deba aplicársele un correctivo. Su imagen, protagonista, en los encuentros de Carme Chacón con dirigentes canarios así lo confirman.
Sin embargo, entre las filas de Paulino Rivero todavía se intenta deslegitimar el cambio de ciclo en la institución del Meridiano. En este sentido, con inocultable sorpresa recibió el Cabildo Insular de El Hierro una notificación del Gobierno de Canarias, el jueves de la semana pasada. En ella, se daba cuenta de una orden directa dada por el propio Paulino Rivero a los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias para que emprenda la vía contencioso administrativa en contra de la decisión del pleno del cabildo herreño de formar una nueva mayoría, lo que hizo que Belén Allende dejase la Presidencia en favor del socialista Armas.
Los miembros del pacto PSOE-PP en El Hierro hacen una única lectura de esto: la presión de la Agrupación Herreña Independiente (AHI, integrada en CC) a Rivero por la pérdida del Cabildo ha forzado a este a «sobreactuar» su defensa de Belén Allende con tal de no perder un aliado nunca del todo estable dentro de la coalición nacionalista. Cabe aclarar que la AHI siempre quiso mantener sus siglas y que ante la pérdida casi total de peso en Madrid —CC solo tiene un representante, Ana Oramas, frente a dos del CCN y uno de NC—, el senador por la isla, Narvay Quintero, se presenta como de la «Agrupación», más que como de CC.
Aunque Alpidio Armas declinó valorar esta nueva embestida contra su gobierno insular, fuentes cercanas al presidente insular consideran que la iniciativa de Rivero «no tiene recorrido alguno», ya que «un contencioso de este tipo puede tardar hasta cuatro años».
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