Carmen Hernández denuncia que, con el cierre del centro ubicado en San Bartolomé de Tirajana, se crea una situación de inseguridad jurídica para las víctimas.
Carmen Hernández, diputada de Nueva Canarias, instó al consejero de Justicia, a que restablezca el Centro de Atención a las Víctimas del Delito que estuvo abierto hasta el pasado 25 de marzo en San Bartolomé de Tirajana, ya que con su desaparición Gran Canaria se queda sin este servicio esencial.
La diputada nacionalista criticó que el Gobierno de Canarias haya consentido que el único CAVD que existía en Gran Canaria, Tenerife tiene dos y Lanzarote uno, desapareciera por el hecho de que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana rompiese el convenio alegando la incapacidad municipal para seguir soportando el mayor gasto en su mantenimiento, ante una competencia que es el Gobierno de Canarias, hecho que fue reconocido por el propio consejero en la comisión de Gobernación Justicia y Desarrollo Autonómico del Parlamento de Canarias.
“Nos parece muy grave que porque un ayuntamiento rompa un convenio de un servicio que no es su competencia el gobierno permita el cierre de un servicio que sí es estrictamente competencia de la Dirección General de Justicia”, subrayó la diputada recordando que se genera una situación de indefensión de la víctima.
Buscar alternativas
Carmen Hernández es consciente de que el Gobierno central ha dejado a Canarias con 800 millones de euros menos en sus cuentas para el presente año, sin embargo considera que deben buscarse fórmulas de financiación alternativas para mantener este servicio, más aún teniendo en cuenta que no hay otro centro, como en el caso de Tenerife, que pudiera sustituirlo. Sin el centro de San Bartolomé de Tirajana “se deja a la víctima sin protección de sus derechos al acceso a medios de información, así como “su protección jurídica y asistencia, social y psicológica”.
En este punto la diputada de Nueva Canarias recuerda que los CAVD tienen como objetivo proporcionar atención integral a las víctimas de delitos sexuales, violentos y en casos de violencia familiar, afectadas en su ámbito físico, psicológico, familiar y social. Además es un servicio que ayuda a la erradicación de estos delitos y a la reducción de los índices delictivos en el entorno familiar. Además ayuda a las víctimas, directas o indirectas durante el proceso de resolución de los casos y ponen especial atención en las mujeres víctimas de violencia de género.
En 2010 un total de 4.380 personas utilizaron este servicio en Gran Canaria, el 88% de ellas mujeres. Además su labor es reconocida por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los servicios sociales de los diferentes ayuntamientos y por el personal de los juzgados.
Nota de prensa Nueva Canarias
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