Margarita Ramos sobre las prospecciones: “No se entiende cómo una decisión de tanto calado se hace sin contar con las instituciones canarias”

La consejera de Empleo, Industria y Comercio explica en el Parlamento las alegaciones presentadas contra la decisión unilateral del Ministerio.

La consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Margarita Ramos, ha afirmado que “por su calado” no se entiende cómo el Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto 547/2012, de 16 de marzo, por el que se convalida uno anterior, el Real Decreto 1462/2001, de 21 de diciembre, mediante el cual se otorgan los permisos de investigación de hidrocarburos frente a las costas de las islas de Fuerteventura y Lanzarote sin contar con las instituciones del Archipiélago. 

Ramos ha explicado durante su intervención en el Pleno del Parlamento de Canarias las alegaciones presentadas el pasado mes de febrero por el Ejecutivo regional en contra del proceso iniciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para permitir las prospecciones. Así ha recordado que éstas versan sobre quién es la administración competente para proceder a conceder los permisos y sobre la sentencia del Tribunal Supremo que declara ilegal parte del permiso primigenio. 

De igual forma, según ha relatado la consejera de Industria, los reparos también ponían de relieve que la Ley 30/1992 permite la convalidación de actos administrativos, lo refiere únicamente a los actos anulables, y no a los actos anulados, como ocurre en el presente caso en que existe un pronunciamiento judicial que anula el Real Decreto 1462/2001. Asimismo ha añadido que el Gobierno canario entiende como extinguidos los permisos concedidos hace más de once años. La consejera además ha recordado que ha juicio de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma el Ministerio, bajo el pretendido amparo de un acto de convalidación, está otorgando una nueva autorización, es decir, con características diferentes. 

En este punto, la consejera ha recordado que el pasado 23 de marzo el Consejo de Gobierno de Canarias autorizó el ejercicio de acciones judiciales contra el citado Real Decreto 547/2012 y acordó instar la medida cautelar de suspensión de sus efectos. 

“No se explica cómo ha podido tomarse una decisión de tanto calado desde el punto de vista de la seguridad estratégica de Canarias y de carácter económico y social sin abrir un proceso real de diálogo con las instituciones del Archipiélago, que son quienes representan a la ciudadanía”, ha defendido Ramos que además ha solicitado diálogo para poder llegar a consensos. 

Por último, la consejera de Industria ha señalado que el Gobierno canario apuesta por un modelo energético sostenible y trabaja para reducir la fuerte dependencia del petróleo como fuente principal de abastecimiento.

Nota de prensa Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias